PJ ordenó levantar secreto de comunicaciones por presuntas contrataciones de familiares de su expareja en el Estado
El Poder Judicial ordenó levantar el secreto de las comunicaciones de la extitular del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de familiares de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo en cargos del Estado.
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró «fundado» el requerimiento que hizo la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, el último 12 de junio, para que se ejecute dicha medida respecto a Chávez Chino, quien es investigada como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado peruano, a raíz de estos hechos ocurridos cuando se desempeñó en los cargos de congresista de la República y ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y ministra de Cultura.
Mediante una resolución emitida el último 24 de agosto, el magistrado ordenó que las empresas operadoras de telecomunicaciones a nivel nacional informen a la citada instancia suprema fiscal en un plazo de 48 horas sobre el detalles del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de textos (SMS) de cuatro números telefónicos celulares de uso de Betssy Chávez, así como de las líneas telefónicas celulares o líneas fijas que estén o hayan estado a nombre de la exministra respecto al periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2021 y 18 de noviembre del 2022.
Checkley Soria dispuso también que la ejecución de la presente medida por parte de la autoridad fiscal recurrente deberá efectuarse única y exclusivamente para los fines de la presente investigación, bajo responsabilidad funcional, en caso de incumplimiento.
Pesquisa del Ministerio Público
La Fiscalía de la Nación inició esta investigación preparatoria luego de que, el primero de octubre del 2025, el pleno del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional que se presentó contra Betssy Chávez como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado en perjuicio del estado a raíz de estos hechos.
Según la tesis fiscal, Betssy Chávez se habría interesado indebidamente, en forma directa, en la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo como asistente nivel 2 de la organización parlamentaria de su despacho congresal, así como de la contratación de Flor Sotelo, hermana de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo como auxiliar nivel 2 de la organización parlamentaria de su despacho congresal.
La Fiscalía también sostiene que la aludida investigada se habría interesado indebidamente en la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo como apoyo administrativo de la Red Asistencial Tacna del Seguro Social de Salud [Essalud], entidad adscrita al ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
La Fiscalía atribuye además a Betssy Chávez que se habría interesado indebidamente en la designación de Antonio Sotelo, padre de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo como intendente regional de Puno, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral [Sunafil], entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y que habría tenido influencias reales sobre el entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López, a quien habría ofrecido a Antonio Sotelo, padre de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo, interceder ante el aludido exministro, para que aquel sea designado en el cargo de jefe de la Oficina Zonal de Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal-Cofopri, presuntamente a cambio que aquél le brinde apoyo político en la región de Tacna durante los viajes de representación de la aludida investigada.
El 4 de diciembre del 2025, Betssy Chávez fue condenada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión y ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional como parte del proceso penal que afrontó por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
En la actualidad, la exjefa del Gabinete Ministerial se encuentra en México donde las autoridades de dicho país le otorgaron asilo diplomático.
