El Poder Judicial impuso una condena de cuatro años de pena privativa de la libertad a un personero político involucrado en la sustracción de 261 cédulas de votación durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. La decisión fue adoptada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Arequipa, luego de que el acusado aceptara su responsabilidad en los hechos.
Debido a que el personero no cuenta con antecedentes penales, la pena se convirtió en 208 jornadas de servicio a la comunidad y el pago de una reparación civil de S/2.000 a favor de la ONPE.
El caso ocurrió en la institución educativa Mario Vargas Llosa, ubicada en el distrito de Mariano Melgar, donde el representante partidario retiró material electoral una vez concluido el proceso de escrutinio. La investigación determinó que las cédulas habían sido extraídas después del conteo oficial, motivo por el cual no se produjo ninguna alteración en los resultados de la jornada electoral.
Durante la audiencia, el imputado se acogió a la figura de terminación anticipada y reconoció haber cometido el delito de atentado contra el derecho de sufragio. Esta aceptación permitió que el proceso concluyera sin necesidad de llegar a juicio oral y aceleró la emisión de la sentencia correspondiente.
Aunque la pena fijada fue de cuatro años de prisión, el órgano jurisdiccional dispuso su conversión en 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, conforme a los alcances previstos en la legislación penal para este tipo de casos. Las autoridades electorales y judiciales precisaron, además, que el material sustraído ya había sido contabilizado antes de su retiro, por lo que el incidente no tuvo incidencia en el cómputo oficial de votos
