El gobierbo busca reducir a cero el costo de determinados servicios vinculados con la formalización de las mypes
El Gobierno de Keiko Fujimori busca reducir a cero el costo de determinados servicios vinculados con la formalización de las micro y pequeñas empresas (mype), además de simplificar los trámites para constituir y operar un negocio, como parte del paquete de medidas incluido en el pedido de facultades legislativas por 120 días presentado al Congreso de la República.
La propuesta parte de un diagnóstico: aunque las mype representan el 99,1% de las empresas del país y generan cerca del 90% del empleo privado, los niveles de informalidad continúan siendo elevados y las empresas pequeñas tienen dificultades para crecer y pasar a categorías superiores.
Por ello, el Ejecutivo plantea modificar la Ley N.° 32353, Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa, con el objetivo de reducir las barreras económicas y administrativas que dificultan la incorporación y permanencia de los pequeños negocios en la economía formal.
Una de las medidas centrales será promover la gratuidad de determinados servicios vinculados a la formalización, junto con la simplificación de procedimientos y requisitos administrativos.
La propuesta, sin embargo, va más allá de eliminar costos. También plantea cambiar la manera en que se constituye una empresa, utilizando herramientas digitales para que el proceso sea más rápido y sencillo.
Formalización más rápida y con menos costos
La propuesta plantea atacar directamente los costos y tiempos asociados al proceso.
Entre las medidas previstas se encuentra la constitución en línea y la simplificación de los procedimientos para las mype, con el propósito de reducir costos, tiempos y cargas administrativas.
También se plantea promover la gratuidad de determinados servicios vinculados con la formalización.
La lógica del Ejecutivo es que la formalidad debe dejar de ser vista únicamente como un conjunto de obligaciones para convertirse en una puerta de acceso a beneficios concretos: financiamiento, compras públicas, innovación, digitalización, asistencia empresarial y nuevos mercados.
